El modelo actual del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria afronta un punto de inflexión tras una reciente resolución judicial que cuestiona su celebración en el entorno del Puerto y el barrio de La Isleta. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nula la autorización que permitió desarrollar los actos de 2024 en esta zona, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de los vecinos afectados por el ruido.
La sentencia responde al recurso presentado por un grupo de residentes, que denunciaron las molestias derivadas de los eventos festivos. El fallo concluye que la intensidad acústica y la prolongación de las celebraciones afectaron de forma directa al descanso, la salud y la intimidad domiciliaria, aspectos que, según el juez, deben prevalecer frente al interés festivo o económico.
Como consecuencia, el Ayuntamiento deberá buscar una ubicación alternativa para los actos multitudinarios del carnaval que garantice la compatibilidad con el entorno urbano y la calidad de vida de los residentes.
Además, la resolución impone una importante carga económica al Consistorio, al fijar indemnizaciones de 2.000 euros por cada día de celebración para cada uno de los demandantes, lo que eleva la cuantía total a varios cientos de miles de euros, más intereses legales.
El fallo judicial supone un nuevo revés para el actual modelo de carnaval en la capital grancanaria, al poner en cuestión la viabilidad de grandes eventos festivos en áreas residenciales. En este sentido, la resolución subraya que el desarrollo de este tipo de celebraciones debe adaptarse a espacios donde no se produzca una afección directa a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por su parte, el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, defendiendo la importancia del carnaval como uno de los principales símbolos culturales y sociales de la ciudad, aunque reconoce la necesidad de analizar posibles alternativas de ubicación de cara al futuro.
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