Una batalla legal al rojo vivo se abre en Las Palmas de Gran Canaria: un grupo de vecinos exige al Ayuntamiento más de 600.000 euros como compensación por los daños que según ellos causó el Carnaval de 2024.
Los demandantes reclaman 2.000 euros diarios por cada uno de los días festivos, argumentando que sus derechos fundamentales —como el descanso, la intimidad y la integridad del hogar— fueron vulnerados durante las celebraciones.
Pero el Consistorio no está dispuesto a asumir ese coste sin resistencia. A través de un escrito dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5, el Ayuntamiento solicita que el reclamo sea inadmitido a trámite, alegando que los vecinos no han probado de forma concreta los daños que afirman haber sufrido.
En su defensa, la administración sostiene que el Carnaval, declarado fiesta de interés turístico, implica “molestias inherentes” que no pueden calificarse como daños indemnizables. Además, critica que las mediciones de ruido presentadas por los demandantes adolecen de falta de rigor técnico: mala ubicación de micrófonos, insuficiente duración de las pruebas o ausencia de medición de vibraciones, entre otras deficiencias.
El Ayuntamiento señala también que los vecinos formularon reclamaciones genéricas, sin individualizar los perjuicios y sin conectar sus denuncias con actuaciones concretas de la administración. No solo eso: el Consistorio acusa a los demandantes de articular una estrategia judicial repetitiva para desafiar cada edición del Carnaval.
El desenlace de este conflicto judicial podría marcar un precedente clave sobre hasta dónde llegan los límites entre la celebración de un evento cultural masivo y los derechos individuales de quienes viven cerca. ¿Llegará el reclamo a prosperar? ¿O logrará el Ayuntamiento librarse sin pagar nada? El juzgado será quien decida.
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