El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está evaluando la posibilidad de presentar un recurso contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que restringe la celebración de conciertos durante el carnaval únicamente a las galas oficiales: la elección de la reina y del drag queen.
El gobierno municipal, liderado actualmente por el PSOE, argumenta que se han respetado todas las condiciones recogidas en el acuerdo firmado en 2015 con la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, el cual puso fin a una larga disputa judicial sobre el impacto del carnaval en la vida vecinal del entorno del parque Santa Catalina.
Como ejemplo del cumplimiento de ese pacto, desde el Consistorio destacan que el concierto principal del carnaval de 2025, protagonizado por Maluma, finalizó a las 22:00 horas para no perturbar el descanso de los residentes. Además, otras actuaciones se trasladaron a escenarios alejados del foco residencial o se realizaron tras las galas permitidas.
La sentencia del TSJC, centrada en el concierto de Carlos Baute celebrado en 2023, contradice una resolución anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, que había desestimado la demanda presentada por los vecinos del edificio Simón Bolívar. Por eso, el Ayuntamiento considera viable recurrir a casación para intentar revertir el fallo.
El acuerdo extrajudicial alcanzado en 2015 —bajo el mandato del entonces alcalde Juan José Cardona— fue clave para permitir la continuidad del carnaval en Santa Catalina tras años de litigios. No obstante, desde el actual equipo de gobierno se señala que algunas cláusulas del mismo presentan ambigüedades que dificultan su interpretación.
A pesar de ello, el Ayuntamiento está obligado a cumplir con todos los puntos del acuerdo, ya que fue ratificado por un juzgado y tiene validez jurídica equiparable a una sentencia firme. Modificar este acuerdo requeriría iniciar un nuevo proceso judicial para declarar que va en contra del interés general, pero por ahora esa opción no está siendo contemplada por la alcaldesa Carolina Darias.
Cabe recordar que el conflicto entre vecinos y el carnaval viene de lejos. En 2002, el TSJC dictaminó que el derecho al descanso debía prevalecer. Posteriormente, en 2006 se ordenó el cierre de los ventorrillos, y en 2012 se instó al traslado de los «mogollones» del entorno de Santa Catalina. El acuerdo de 2015 permitió retomar algunas actividades en la zona, pero con limitaciones.
Desde entonces, Inmaculada Medina —actual responsable del carnaval y crítica con ese pacto desde su origen— ha estado al frente de la organización, defendiendo siempre un modelo de celebración que respete tanto el espíritu festivo como el bienestar vecinal.
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